Ser lesbiana, bisexual o trans no solo implica romper la norma. Implica amenazar esa idea preconcebida que sostiene que hay un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, cumpliendo roles sagrados. Por eso, la violencia hacia las mujeres del colectivo LBT no es solo discriminación. Es una forma de violencia de género. Una que aún no siempre se nombra como tal, pero que puede expulsarte de tu hogar, tu país, tu vida.

La raíz compartida: controlar el cuerpo y el deseo

Tanto la violencia machista como la LGTBIfobia tienen un origen común: el deseo de controlar los cuerpos y castigar a quienes no se ajustan al guion. Un guion donde ser mujer es obedecer, desear a hombres, cumplir un rol sumiso. Quien se sale pone en riesgo la norma. Ahí aparece la violencia: como castigo, como advertencia.

La intelectual estadounidense Adrienne Rich lo explicó con claridad en su ensayo sobre la heterosexualidad obligatoria: el lesbianismo incomoda porque rompe la idea de que las mujeres existen para los hombres. No es solo a quien se ama, sino quien tiene el poder de decidir. La filósofa Judith Butler desarrolla la idea de que las identidades trans —sobre todo las femeninas— cuestionan los cimientos de la masculinidad dominante y desmontan esa concepción de que el género está pegado al cuerpo. Esto desestabiliza un orden que se sostiene en la rigidez. No es solo odio personal. Es un sistema que castiga la autonomía.

La ensayista argentina María Lugones lo llama por su nombre: el sistema jerarquiza los cuerpos, decide cuáles son válidos y cuáles deben ser corregidos o silenciados. Por eso, las violencias que sufren mujeres LBT —sobre todo si son migrantes, no blancas o empobrecidas— no son excepciones. Son el reflejo más claro de una estructura que busca disciplinar los cuerpos, deseos y las existencias enteras.

Las violencias “correctivas”: castigar para controlar

Estas violencias no vienen solo del Estado. A menudo son las familias, las iglesias o las comunidades quienes ejercen el castigo. Ahí entran las llamadas “terapias de conversión”, pero también muchas otras prácticas igual de violentas.

Las violaciones correctivas son una de las más brutales: actos sexuales forzados contra mujeres lesbianas o bisexuales con la idea de “enderezarlas”.

También existen los encierros forzados en casa, la vigilancia, el chantaje económico o emocional y la presión religiosa. Asimismo, están los matrimonios forzados, que buscan “reencauzar” a quien se desvía. Los embarazos también forman parte de ese castigo.

A esto se suma otra violencia silenciosa pero constante: la exclusión. El rechazo familiar, el estigma, el aislamiento social. No encajar en la norma se vuelve una amenaza de abandono. Y detrás de todo hay un mismo mensaje: solo hay una forma “correcta” de ser mujer. Todo lo demás debe corregirse, reprimirse o borrarse.

El Estado también violenta

Las instituciones, lejos de proteger, a menudo perpetúan estas violencias. No reconocen estas agresiones como violencia de género. Las leyes —como la Ley Orgánica 1/2004 en España— siguen pensando solo en la mujer cis, heterosexual, en pareja con su agresor. Todo lo que se sale de ahí queda fuera.

Se piden “pruebas” imposibles: denuncias en países donde ser LBT es delito, grabaciones de agresiones, relatos perfectamente coherentes de traumas que aún sangran. Como muestra el informe Sereda (2021), el sistema mide la credibilidad con criterios que revictimizan. Muchas solicitantes de asilo deben contar sus violencias sexuales o torturas ante funcionarios sin formación ni sensibilidad. Y como denuncia Forina (2024), no es lo mismo pedir asilo siendo una mujer blanca cis que una mujer negra trans: las posibilidades de ser creída tienen color, acento y clase.

Incluso en los centros de acogida, el riesgo persiste: acoso, exclusión, violencia institucional. Muchas deben ocultar su identidad para no ser atacadas por otros residentes y, por lo tanto, no reciben atención médica específica, como tratamientos hormonales. La estructura que debía protegerlas reproduce las mismas lógicas que las expulsaron.

Migrar no acaba con la violencia

Para muchas, migrar es la única salida, pero la ruta no garantiza seguridad. Las violencias se transforman, se cruzan y se intensifican. El tránsito está lleno de abusos, extorsiones, agresiones sexuales. El riesgo se multiplica si eres LBT. La invisibilidad institucional hace que no puedan ni nombrar lo que les pasa, ni pedir ayuda.

Como documenta el informe Sereda (2021), el cuerpo feminizando y no normativo es blanco constante de violencia, por actores estatales y no estatales. Y aun en territorio “seguro”, la protección falla.

Nombrar para proteger. Reconocer para reparar.

La homofobia no solo hiere. Expulsa a mujeres que aman a otras mujeres, que desean sin pedir permiso, que habitan sus cuerpos fuera del mandato.

Mientras los sistemas no las nombren, no las verán.

Mientras no se reconozca la homofobia como violencia de género, no habrá reparación posible.