El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, vigente desde 2017, ha sido actualizado por la comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación del acuerdo, con los votos favorables de todas las formaciones políticas, con la excepción de VOX.

Entre las principales novedades del Pacto, que contiene un total de 461 disposiciones, 169 medidas adicionales con respecto al acuerdo anterior, se encuentra la incorporación de la violencia vicaria, la violencia económica y la violencia digital, como formas de violencia contra la mujer.

Principales medidas del Pacto

Violencia vicaria y protección de menores

• Reformar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas.
• Garantizar la aplicación práctica del reconocimiento de las y los menores de edad como víctimas directas de la violencia de género tal y como se establece en el artículo 173 del Código Penal, evitando con ello que se acuerde o mantenga convivencia o régimen de visitas con el agresor, e impulsar que dicho reconocimiento se extienda a mayores de edad en situación de dependencia de la víctima. Facilitar los mecanismos para que el procedimiento evite la revictimización de los hijos e hijas.

Violencia económica

• Incorporar de manera específica la violencia económica en nuestro ordenamiento jurídico mediante la trasposición de la Directiva 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Debe tenerse en cuenta que la violencia económica de género no es solo el delito de impago de pensiones, sino también otros tipos penales como el delito de alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal.
• Reconocer, regular y definir la violencia económica en nuestro derecho como forma de violencia de género, entendiendo como tal la acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores, con el objetivo de que la mujer dependa económicamente del agresor, mermando sus opciones de escapar de la violencia y, por tanto, incrementando la posibilidad de que la situación derive en privaciones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, lesiones o muerte.

Violencia digital

• Incorporar de manera específica la violencia digital en nuestro ordenamiento jurídico mediante la trasposición de la Directiva 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
• Se entenderá por violencia digital de género todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o agravado por este, como los teléfonos móviles, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer por el hecho de serlo.
• Fomentar la adopción y realizar el seguimiento de sistemas que permitan detectar y eliminar comentarios e hilos de incitación a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas en las redes sociales, a través del uso de inteligencia artificial.

Otras disposiciones del Pacto

Justicia

• Incidir en la formación de los operadores jurídicos en relación con el denominado Síndrome de Alienación Parental. El SAP carece de base científica y está excluido de los catálogos de enfermedades científicamente reconocidas, por lo que será inadmisible como acusación de una parte contra la otra en los procesos de violencia de género, separación, divorcio o atribución de custodias a menores.
• Suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría, siempre que se respeten los estándares de constitucionalidad en relación con el principio de igualdad.
• Eliminar la circunstancia atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género.
• Impulsar que los operadores jurídicos implicados en la violencia de género, además de la especialización en este ámbito, cuenten con formación específica sobre el impacto de la violencia de género en las mujeres migrantes.

Sectores vulnerables y mujeres migrantes

• Adaptar los protocolos de actuación, procedimientos y demás medidas de prevención, detección, atención, protección y acompañamiento a la diversidad de mujeres: mujeres con discapacidad física y/o intelectual, mujeres migrantes, mujeres transexuales, mujeres mayores y en edad de jubilación, mujeres jóvenes, mujeres en el ámbito rural, mujeres con adicciones, mujeres con problemas de salud mental, etc.
• Implicar a colectivos como los de mujeres con discapacidad, migrantes o gitanas en el diseño de políticas específicas, así como en cualquier medida y respuesta institucional que se adopte para combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres.
• Incrementar la colaboración entre las instituciones públicas y las entidades del Tercer Sector que trabajan con mujeres migradas en el diseño de las políticas específicas contra la violencia de género.

Matrimonios forzados, trata y mutilación genital femenina

• Abordar los matrimonios forzados como una forma de violencia sexual, tal y como reconoce el artículo 3 de la Ley 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, garantizando que todos los profesionales que trabajen en contacto directo con las víctimas cuenten con una formación especializada e interseccional con perspectiva de género e intercultural, para dar respuesta de forma adecuada a cada caso.
• Aprobar la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos.
• Dar cobertura a las víctimas de mutilación genital femenina desde todas las comunidades autónomas, unificando criterios y pautas de intervención para la reconstrucción, proporcionando acompañamiento psicológico especializado y garantizando el acceso igualitario y gratuito a las unidades de los hospitales públicos en las que se realice cirugía reconstructiva genital y del clítoris.

Formación

• Actualizar la formación judicial en materia de igualdad, discriminación por razón de sexo y lucha contra la violencia de género. Para ello, se ampliará el temario en las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial y Formación continua de jueces y juezas, que pasará a ser obligatoria y evaluable.
• Continuar ampliando la formación especializada, obligatoria y periódica que reciben los profesionales que participan en procedimientos judiciales con menores de edad, así como los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, perspectiva de género y de infancia y en materia de trata. Impartir también formación al personal de seguridad privada, por el relevante papel que pueden tener en espacios públicos o de ocio en cuanto a prevención e intervención inmediata, en aquellos contenidos que sean adecuados a su ámbito de actuación.
• Garantizar la formación en materia de igualdad y violencia contra las mujeres a todo el personal al servicio de las instituciones públicas, particularmente al personal que atiende al público o está en contacto directo con la ciudadanía, para permitir la detección temprana de los casos de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Dotación económica del Pacto

El acuerdo prevé dotar con 100 millones de euros anuales, durante cada uno de los próximos cinco ejercicios presupuestarios, las partidas de los Presupuestos Generales del Estado relacionadas con las medidas de ámbito estatal para las acciones reservadas a la Administración General del Estado dentro de este Pacto. El presupuesto para la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se incrementará en un 15% anual.

#BastaDeViolencia: contra la violencia de género es un proyecto de sensibilización para fortalecer la igualdad y el respeto en nuestra comunidad, financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.